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Defensores de la Propiedad

Propiedad colectiva no genera estabilidad económica y familiar

Ante las continuas amenazas del Gobierno de eliminar la propiedad privada y controlar las actividades económicas de los venezolanos, se sentaron las bases para la creación del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar, el cual agrupa a personas de distintos sectores de la sociedad con el fin de organizarse para defender el patrimonio familiar, que está siendo violentado por la creación de una propiedad social colectiva. Anunciarán acciones para alertar a la población sobre las consecuencias negativas de la implantación de la llamada “propiedad social o colectiva”.

 UNIDAD VENEZUELA-. El ministro de Comercio, Richard Canán, anunció hace una semana que serán expropiados aquellos comercios que “especulen” con los precios. De igual forma, el Gobierno ha efectuado amenazas contra los comerciantes informales y distribuidores de alimentos. Por si fuera poco, los consejos comunales están cercados por la política, a los trabajadores del sector salud les adeudan millones, los transportistas están amenazados con la expropiación de sus unidades, y pare usted de contar. Esos son solo algunos de los problemas que llevaron a un grupo de venezolanos a unirse para enfrentar las acciones gubernamentales.

“Es una pelea que se está librando en este momento, los que no sean rojos pues no reciben ayuda gubernamental”, manifestó el asesor del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar, Alfredo Padilla.

Se trata de una organización independiente formada por casi 20 movimientos sociales que hacen vida en el país como la Federación Nacional de Vecinos, Asociación de Mercados a Cielo Abierto, Red Nacional de Vecinos, la Federación Venezolana de Transporte, la Asociación de Trabajadores de Alimentación del municipio Sucre, la Federación Única de Trabajadores Independientes de Venezuela, trabajadores del sector salud, El Junquito y su gente, entre otras.

“Los venezolanos rechazamos contundentemente que la propiedad privada sea erradicada o sustituida por una mal concebida propiedad colectiva, implementada a la fuerza. Si no hay garantía de la propiedad privada, no puede haber estabilidad en ningún país del mundo. No queremos que el patrimonio familiar, expresado en la vivienda, el pequeño negocio, el minibús, el kiosko, la carnicería, las prestaciones sociales, el puesto de mercado, las viviendas de hospedajes pensiones de alquiler o cualquiera de nuestros bienes, se conviertan en un bien colectivo o que nos trunque la posibilidad de crear patrimonio”, dice su manifiesto constitutivo.

Acciones gubernamentales

Padilla explicó que con el Plan Simón Bolívar, consagrado en el año 2007, el Gobierno buscaba implementar un modelo socialista  en la economía del país, basado en las comunas y empresas socialistas. Asimismo trataba de instaurar una democracia participativa y revolucionaria, “que no es otra cosa que si al Gobierno no le gusta el proyecto que llevas como organización o consejo comunal, sencillamente no te apoya o te trata como ilegal”.

Este proyecto se ha venido cumpliendo con la creación de diferentes leyes aprobadas por la actual Asamblea Nacional para “imponer la economía socialista”, dijo Padilla.  

La Ley de Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, aprobada en el 2008, instaura una economía comunal y socialista: “Reivindica como economía popular a organizaciones socio productivas de tendencia colectiva que surgen del seno de las comunidades”.

La Ley para la Defensa de las Personas en el acceso a los bienes y servicios (Indepabis) determina que cualquier comercio  o servicio es de utilidad pública y puede ser expropiado por el Gobierno en cualquier momento.

La Ley Orgánica de los Consejos Comunales afecta al patrimonio familiar porque establece la construcción de un modelo socialista y los únicos que pueden participar en los proyectos son aquellas organizaciones de tendencia socialista. La ley determina las organizaciones comunitarias, reglamenta la vocería, condiciona sus proyectos y a sus actores. “Es decir, todo cuadriculado, así como lo quiere el Gobierno”, dice Padilla.

Por último, está la  Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su reglamento para “someter a la economía privada popular y deformar la participación ciudadana”, explicó el asesor del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar.

Los llamados Distritos Motores de Desarrollo complementan las leyes que afectan a la propiedad privada, ya que se quiere imponer –con los recursos del Estado- la propiedad colectiva sobre la iniciativa privada de cualquier tamaño: “Las ventajas económicas a favor de la “propiedad colectiva” y la discriminación contra toda forma de propiedad privada: individual, familiar o en sociedad”.  

Cabe acotar que la propiedad privada, que garantiza el patrimonio familiar, está consagrada en el artículo 115 de la Constitución Nacional: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

La propiedad colectiva que se quiere imponer a través de estas leyes no permite la disposición del bien, por lo tanto no genera patrimonio familiar. “Por ende el país necesita de la propiedad privada para la estabilidad de la familia”, consideraron los miembros de esta organización.  

Según estos grupos sociales, el Gobierno nacional, a través de proyectos de ley, expropiaciones y fomento de invasiones ilegales, amenaza severamente al patrimonio familiar, razón por la cual se organizan para protegerlo.

“En las próximas semanas estaremos convocando a una más nutrida representación gremial y comunitaria para en asamblea aprobar unos estatutos y nombrar a la coordinación de este movimiento”, expresó un representante de la Federación Venezolana de Transporte,  Luis Trocel.    

Asimismo, se convino en organizar acciones de volanteo y comunicación para sumar más voluntades en las bases de las organizaciones civiles, vecinales y laborales. “La gente tiene que estar clara en que nuestro patrimonio, lo que hemos conseguido con esfuerzo y que heredarán nuestros hijos,  por más que el Presidente lo niegue, está amenazado con el intento de acabar con la propiedad privada”, puntualizó Trocel.

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06/09/2010 - Publicado por | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , ,

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